El país no necesita escoger entre responsabilidad fiscal y crecimiento empresarial. Necesita ambas.
Hay algo que no termina de cuadrar en la Ley de Rescate Económico: se anuncia como una fórmula para salvar las finanzas públicas y estimular el crecimiento empresarial, pero algunas de sus medidas terminan encareciendo, precisamente, aquello que el país necesita promover: producir, contratar y crecer.
En junio, cuando desde Goan Group pusimos sobre la mesa los cinco grandes desafíos económicos del próximo Gobierno, advertí sobre una realidad que no podíamos desconocer como país: déficit fiscal, deuda, inversión, recaudo y riesgos energéticos. Hoy, varios de esos riesgos ya nos alcanzaron, y la discusión es una: ¿vamos a corregir el desequilibrio fiscal fortaleciendo el aparato productivo o aplastándolo con más carga de la que se puede soportar? Porque una cosa es ordenar las finanzas del Estado y otra muy distinta es hacerlo a costa de quienes generan empleo y sostienen la actividad económica.
El proyecto tiene medidas que, vistas individualmente, parecen atractivas para las empresas. Reducir la tarifa general de renta empresarial del 35 % al 33 %, en 2027, y al 31 %, desde 2028, es un alivio. Pero hay una pregunta que el Gobierno debería responder: ¿cuánto representa realmente ese beneficio para una empresa pyme que apenas consigue equilibrar sus cuentas, que tiene márgenes estrechos o que todavía no se recupera de la subida del salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV) a principios de 2026? Una reducción del impuesto de renta beneficia a quien tiene renta gravable. Desde Goan Group hicimos el estudio numérico del supuesto beneficio, y lo que nos encontramos es que, al poner la carga laboral adicional (también explícita en el proyecto de ley), el beneficio a la empresa es casi nulo.
El proyecto propone reducir la exoneración de aportes a salud, Sena e ICBF, que hoy cobija a determinados empleadores respecto de trabajadores que devengan menos de 10 SMLMV. Según el Dane, más del 95 % de la población contratada formalmente está en ese rango. Esto eleva la carga prestacional del 51 % al 62 %. Se supone que el costo lo asume el empleador, no el empleado directamente. Pero el efecto sí llega: si usted gana 4 millones, su empleador ahora paga más por tenerlo en nómina y nada lo obliga a subirle el salario para compensarlo. El margen que antes existía para aumentos, nuevas contrataciones o inversión, sencillamente se evapora.
La exoneración total quedaría limitada a trabajadores de hasta dos SMLMV; entre dos y tres SMLMV se pagarían aportes parciales y por encima de tres desaparecería el beneficio. Esto no es un asunto menor. En una pyme, contratar a una persona no es una decisión marginal: es comprometer una parte importante de su flujo de caja. Si formalizar empleo cuesta más, la contratación se aplaza, se reduce o termina desplazándose hacia la informalidad. No podemos pedirles a las empresas que formalicen mientras encarecemos las condiciones para hacerlo.
Tampoco podemos ignorar los efectos de la modificación del IVA. El proyecto contempla eliminar la tarifa del 5 % y ampliar la base de bienes y servicios gravados al 19 % a partir de 2028. Entre los cambios aparecen servicios digitales, software, publicidad y otros bienes y servicios que hoy tienen tratamientos diferenciales. Para una pequeña empresa que necesita tecnología, pauta digital, herramientas de gestión o servicios especializados, esto puede significar mayores costos de operación y presiones adicionales sobre su flujo de caja. Y cuando el consumidor tiene menos capacidad de compra, la pyme termina sintiéndolo en sus ventas.
Hay, además, una contradicción en los incentivos a la inversión. El proyecto crea el Régimen Único para Generar Estabilidad Empresarial (RUGE): tarifas preferenciales de renta y estabilidad jurídica durante 16 años. Suena bien. Pero acceder exige comprometer entre 2.580.000 y 8.140.000 UVT en una sociedad nueva. Estamos hablando de proyectos de infraestructura de escala: un edificio, un hospital, una carretera. No aplica para la pyme que quiere ampliar su planta, comprar maquinaria, abrir un nuevo punto de venta o incorporar tecnología. El comercio queda excluido de plano. ¿Dónde está el incentivo para la inmensa mayoría de empresas colombianas?
No desconozco la gravedad del problema fiscal. La inflación anual llegó al 6,30 % en octubre, la tasa de política monetaria se mantiene en 12,25 % y el último dato disponible de crecimiento del PIB, correspondiente al segundo trimestre, fue de 3,5 %. A esto se suma un déficit del Gobierno Nacional Central proyectado en 5,3 % del PIB para 2026, según el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Las cuentas necesitan corrección. Pero corregirlas no puede convertirse en una operación de recaudo que desatienda la capacidad real de las empresas para sostenerse. Colombia necesita disciplina fiscal, pero también productividad, crédito accesible, seguridad jurídica, simplificación tributaria y un Estado que no solo recaude, sino que entienda cómo se genera la riqueza.
Desde el sector empresarial nos sumamos al llamado que varias bancadas han planteado en el Congreso: el ajuste fiscal tiene que pasar también por dentro. Por menos gasto en burocracia, publicidad oficial y contratos no esenciales. Las empresas colombianas han absorbido inflación sostenida, incrementos salariales extremos, tasas altas, incertidumbre regulatoria y una demanda que no termina de recuperarse. No es razonable que el costo del desequilibrio fiscal lo paguen quienes ya vienen golpeados. Pedir austeridad hacia afuera sin practicarla hacia adentro no es un rescate: es un traspaso de la crisis.
Y a los empresarios colombianos: más allá de lo que apruebe o no el Congreso, este momento es un llamado a anticiparse. Los entornos difíciles no distinguen entre los que se quejan y los que actúan. Las organizaciones que construyen estructura hoy, que revisan sus costos, fortalecen sus procesos y aceleran la toma de decisiones, son las que llegan a los ciclos duros con margen de maniobra. Todos tenemos frentes por mejorar. La diferencia no está en el tamaño de la empresa: está en si actuamos con anticipación o esperamos a que el contexto nos obligue a hacerlo sin tiempo.
El país no necesita escoger entre responsabilidad fiscal y crecimiento empresarial. Necesita ambas. Y necesita entender que las mipymes, que representan el 99,5 % del tejido empresarial colombiano y generan el 79 % del empleo, no son un renglón más de la economía: son parte esencial de su tejido productivo. No se les puede exigir que sean más competitivas, que generen empleo formal, que innoven y que inviertan mientras se les estrecha el margen para hacerlo. Un rescate que no distingue capacidades termina favoreciendo a los grandes y dejando atrás a quienes más necesitan crecer.
Por eso, frente a esta propuesta, me quedo con el título de aquella canción de Alejandro Sanz y Shakira: “Te lo agradezco, pero no”. Reconocemos la urgencia fiscal y los alivios de renta propuestos. Pero no podemos llamar política de estímulo empresarial a una fórmula que, al mismo tiempo, encarece la contratación, presiona los costos operativos y reserva sus mayores incentivos para inversiones que están fuera del alcance de la mayoría de las pymes. El rescate fiscal no puede terminar siendo el sacrificio de quienes mantienen viva la economía.
Fuente:https://www.ambitojuridico.com/noticias/tributario/analisis-ley-de-rescate-fiscal-te-lo-agradezco-pero-no
