El Ejecutivo habría usurpado funciones legislativas y roto el principio de progresividad.
El Ministerio de Hacienda modificó algunas tarifas de retención en la fuente y anticipó el recaudo del impuesto sobre la renta correspondiente al año gravable 2025 argumentando la necesidad de “suavizar el comportamiento de los ingresos tributarios, haciéndolos más predecibles y ajustados a la dinámica económica”.
Sin embargo, algunos expertos indican que se pagarán impuestos en 2025 muy superiores a los que permite la normativa vigente y con esto se “exprime la liquidez de las empresas”.
Las críticas no se quedaron en declaraciones y ante la Sección Primera del Consejo de Estado se radicó una demanda de nulidad por inconstitucionalidad contra el Decreto 572. Dice el actor que podría haber una afectación grave al bolsillo de millones de colombianos con ingresos formales y un “posible colapso de las estructuras contables de pequeñas empresas ante una implementación improvisada”.
Por ello se pide la nulidad por inconstitucionalidad de la norma, por violar el principio de legalidad tributaria, además se pide la suspensión provisional del decreto como medida cautelar urgente, para evitar afectaciones irreparables al patrimonio de los ciudadanos y a la economía nacional.
En la acción se indica que se modifican elementos esenciales del impuesto, como el hecho generador, al redefinir las condiciones de la retención. También habría cambios en la base gravable, por modificar los rangos de ingresos y aplicar una tarifa anticipada.
El fondo del reclamo es que el Ejecutivo habría usurpado funciones legislativas y roto el principio de progresividad al anticipar el pago del impuesto por medio de la retención, afectando de manera directa el ingreso disponible de la clase media, empleados formales, emprendedores y pequeños empresarios.
El actor no duda en calificar el mecanismo de recaudo anticipado como una reforma tributaria encubierta por decreto, sin participación del Congreso ni estudio técnico público.