El presidente Petro insiste en que sin nuevos impuestos el país asumirá más deuda y perderá estabilidad fiscal.
En las últimas horas, el presidente Gustavo Petro intensificó su discurso sobre la necesidad de que se apruebe la reforma tributaria y abrió de manera explícita la posibilidad de declarar una emergencia económica si el Congreso no da luz verde a los nuevos impuestos con los que busca recaudar los $16 billones que le hacen falta en las cuentas de gasto del Presupuesto General de la Nación para 2026.
La discusión, que hasta hace pocos días se centraba en la falta de mayorías en las Comisiones Económicas, migró hacia un terreno más complejo, donde el Ejecutivo advierte que el país enfrentará un deterioro fiscal mayor si no se adoptan medidas urgentes; mientras que analistas y líderes del Congreso lo acusan de generar esa crisis.
El mandatario argumentó que “lo único que han hecho las comisiones económicas del Congreso es hacer endeudar más al país”, destacando que las demoras en el trámite de la ley de financiamiento incrementan el costo del endeudamiento por las altas tasas de interés del Banco de la República; al tiempo que recalcó que el Gobierno “no es el afectado, ni sería beneficiado por la actual ley de financiamiento”, ya que su propósito es evitar que la deuda futura se dispare en niveles que comprometan la estabilidad fiscal.
En su diagnóstico, el presidente asegura que el Ejecutivo ha obrado de manera responsable, pues el endeudamiento reciente no se explica por nuevos proyectos, sino por el pago de obligaciones heredadas a tasas más altas y afirmó que “el endeudamiento mayor proviene no de endeudarnos para proyectos nuevos, solo pagamos las deudas viejas”, señalando al Banco de la República como un actor que, al mantener tasas elevadas, podría incluso “revaluar aún más el peso”, afectando la balanza comercial.
“El camino sano lo propusimos, pero el sectarismo político en las comisiones económicas, no permite tomarlo. Toda deuda no es más que impuestos futuros. Las mayorías de oposición en la comisión tercera económica creyendo falsamente ahorcar financieramente el programa del gobierno por odio político, lo que hace es encarecer la deuda y trasladarla al futuro. He ahí la cobardía: debe aprobar los nuevos impuestos”, dijo Petro Urrego.
En sus palabras, “las mayorías de oposición en la comisión tercera económica creyendo falsamente ahorcar financieramente el programa del gobierno por odio político, lo que hace es encarecer la deuda y trasladarla al futuro” y por ello, advirtió que el país deberá aprobar nuevos impuestos “igual si no se hace ahora”, lo que abre un debate sobre el costo de aplazar decisiones fiscales de fondo.
Varillazo a la Corte
En su intervención también responsabilizó a la Corte Constitucional del retroceso en los ingresos públicos, al recordar que el alto tribunal tumbó la norma que impedía a las petroleras y carboníferas deducir regalías del impuesto de renta. Según Petro, “la corte derogó la mitad de la reforma… y regaló a las multinacionales un derecho de pago al Estado”, prolongando utilidades de la economía fósil y afectando la senda de consolidación fiscal que, asegura, había comenzado en 2022; actuando así, según él, influenciada por “fetiches ideológicos de derecha”.
El mandatario retomó además la discusión sobre el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, FEPC, y sostuvo que el país heredó una “deuda escondida de $70 billones” que terminó convirtiéndose en un subsidio inconstitucional y recordó que pagarla “a riesgo de quebrar Ecopetrol” hizo que su administración destinara recursos extraordinarios para cubrir un gasto que no figuraba como deuda nacional.
En este contexto, Petro manifestó que recortar el gasto en los niveles que exigen algunos sectores no es viable porque el presupuesto está atado constitucionalmente a obligaciones en deuda y gasto social y explicó que los únicos rubros susceptibles de ajuste serían los de inversión, lo cual afectaría proyectos como las 4G y el metro de Bogotá y fue enfático en que “quienes hablan de derroche de gasto no entienden ni las necesidades sociales ni el estado social de derecho”.
Reacciones en contra
Las advertencias del presidente contrastan con las voces del Congreso, donde algunos legisladores consideran que el Gobierno estaría dilatando el trámite de la tributaria para justificar un decreto excepcional y voces con la representante Katherine Miranda afirman que teme que el Ejecutivo busque “dilatar para luego salir a decir que el Congreso no quiso debatir y que le va a tocar sacar esto por decreto porque hay una emergencia económica”.
Así mismo, reiteró que la reforma “está hundida” y que el Gobierno no cuenta con mayorías para avanzar en su discusión; mientras que otros congresistas han dejado claro que están dispuestos a ir incluso hasta el 31 de diciembre con tal de dejar claro que no avalarán la ley de financiamiento, por considerarla inconveniente para el país.
La lectura crítica también llegó desde el análisis técnico, donde el exministro José Manuel Restrepo señaló que toda la argumentación oficial sería un intento de justificar una emergencia “autoinfligida”, pues, según él, el Gobierno elevó la deuda a máximos históricos y aumentó el gasto de funcionamiento de manera considerable; cuando las recomendaciones apuntaban a que se apretara el cinturón.
“Su ley de financiamiento no cubre ni la tercera parte de la desfinanciación del presupuesto de 2026 que supera los $45 billones, pero además es una iniciativa que destruye micro y pequeñas empresas con un impuesto al carbono que crece casi un 50% y que pagarán todos los colombianos en más costo de energía, más costo de servicios públicos, más precio de combustibles y un efecto inflacionario. Esto afecta a los más vulnerables”, acotó.
Mientras tanto, la senadora Angélica Lozano aseguró que el Ejecutivo domina la Cámara pero no el Senado, y que por eso “ha venido rompiendo quórum para evitar que la ley de financiamiento se vote”. Según ella, el Gobierno estaría ganando tiempo para presentar un decreto de emergencia que no resistiría el control de la Corte Constitucional, pues este tipo de medidas sólo procede en escenarios impredecibles y extraordinarios.
Desde su perspectiva, la solución no puede ser “endeudémonos más y más”, sino una mayor disciplina en el gasto.
Así las cosas, ahora el debate fiscal entra en una fase de creciente tensión institucional, en la que mientras el Gobierno insiste en que sin nuevos impuestos el país no podrá sostener su senda de sostenibilidad, las voces críticas cuestionan la legalidad y conveniencia de una eventual emergencia económica.
Por ahora queda esperar a ver qué pasará con la reforma tributaria en el Legislativo, donde todavía no hay una fecha concreta para que se reanuden los debates y el tiempo sigue apremiando, dado que se tiene hasta el 20 de diciembre para que se tome una decisión o de lo contrario, la norma se archivará por falta de trámite.
DANIEL HERNÁNDEZ NARANJO