Una inflación persistente y riesgos con las tasas de interés marcan la hoja ruta de esta negociación.
Dane entregó el dato de productividad para 2025: quedó en 0,91%
La negociación del salario mínimo para 2026 llega en un momento en el que la economía parece avanzar con pasos cortos y, al mismo tiempo, enfrenta presiones que pueden condicionar cada decisión, dado que aunque el ciclo económico reciente mostró señales de recuperación moderada, los últimos meses revelaron un comportamiento inflacionario más persistente de lo esperado y un panorama de tasas de interés que sigue lejos de la flexibilidad que muchos hogares y empresas esperarían encontrar.
Con el dato más importante sobre la mesa, conocido esta semana, la conversación ya tiene un punto de partida técnico, gracias a la Productividad Total de los Factores que se ubicó en 0,91%, cifra que el Dane explicó como producto de un comportamiento favorable en la eficiencia general de la economía.
Según el reporte oficial, “el valor agregado de la economía aumentó 2,91%, mientras que la contribución de la productividad fue de 0,91 puntos de ese total” y con este insumo, el cálculo base suma inflación y productividad para trazar un posible mínimo.
También hay que recordar que la inflación de octubre se situó en 5,52%, mostrando que, pese a los esfuerzos para consolidar una senda descendente, aún persisten presiones de precios. Si esta cifra se combina con la productividad registrada, el punto de partida técnico es de 6,42% y precisamente desde allí deberá comenzar la negociación entre empresarios y centrales obreras, con el acompañamiento del Ministerio del Trabajo.
Diversas aristas a revisar
Si bien pareciera que todo está servido, expertos coinciden en que la discusión no puede ignorar que el mercado laboral enfrenta tensiones propias y que aunque la productividad por hora trabajada creció 0,57%, impulsada por la PTF, la productividad laboral por persona ocupada cayó 0,32%, lo que evidencia condiciones menos favorables.
Esta caída estuvo explicada por un descenso de 0,55 puntos en las horas trabajadas por empleado y por una reducción de 0,48 puntos en el capital por persona empleada, lo cual, en términos simples, el país produjo más, pero no necesariamente con mayor calidad del empleo promedio.
Analistas que hablaron con Portafolio, resaltaron que el aumento del salario mínimo debe considerar no solo la inflación y la productividad general, sino también las tensiones estructurales del mercado laboral; acotando que la economía fue más eficiente, pero no todos los factores acompañaron ese avance con la misma fuerza.
Vale la pena decir también que el salario mínimo vigente para 2025 es de $1.423.500, cifra que sirve como base para los cálculos iniciales de la negociación y que si se aplicara únicamente el aumento técnico del 6,42%, correspondiente a la suma de inflación y productividad, el ajuste sería cercano a $91.389, lo que llevaría este indicador a $1.514.889, para el próximo año, antes de considerar decisiones políticas o sociales adicionales.
Un ambiente tenso
El ambiente político también se abrió paso en la discusión antes siquiera de que la mesa de concertación haya sido instalada. Cabe recordar que el presidente Gustavo Petro ya planteó su deseo de partir de un incremento del 11%, mientras que el ministro del Interior, Armando Benedetti, afirmó que el Gobierno buscaría llevar el salario mínimo a $1.800.000. Si bien estas propuestas no han sido formalizadas por el Ministerio de Trabajo ni por la Casa de Nariño, sí anticipa una tensión evidente entre técnica y expectativas sociales.
Debido a ello, las voces empresariales han pedido cautela frente a las presiones recientes y, por ejemplo, María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham Colombia, señaló que “la inflación mostró un repunte que interrumpe la desaceleración y erosiona el poder adquisitivo, especialmente en vivienda, servicios públicos y alimentos fuera del hogar”.
Esta vocera del sector productivo advirtió que este comportamiento exige decisiones coherentes, pues un ajuste desalineado generaría distorsiones que terminarían golpeando a los hogares más vulnerables y comprometiendo el equilibrio macroeconómico.
Lacouture insistió en que el salario mínimo no puede usarse para “indexaciones automáticas ni ajustes desalineados con la productividad, porque encarecen costos, se trasladan a precios y, al final, golpean el bolsillo de los colombianos” y dejó claro que los aumentos elevados pueden parecer un alivio inmediato, pero cuando superan de forma prolongada la inflación más la productividad, la economía termina absorbiendo el impacto en forma de mayores precios y menor capacidad de contratación formal.
Entre tanto, Investigaciones Bancolombia señaló que el reciente rebote inflacionario confirma un “estancamiento en la senda de convergencia inflacionaria” y que parte de esta persistencia responde a los incrementos elevados del salario mínimo de años anteriores; recordando que existen tres canales por los cuales se genera presión inflacionaria, que son el aumento de costos laborales, la indexación de contratos y tarifas y la formación de expectativas que anticipan futuros incrementos de precios.
Según este análisis, “por cada 1% de aumento del salario mínimo por encima de la inflación más la productividad, la inflación anual podría incrementarse en alrededor de 0,06 puntos porcentuales” y a partir de esta estimación, sostienen que el incremento del salario mínimo del año pasado, que fue del 9,54%, habría generado 0,15 puntos porcentuales adicionales en las presiones inflacionarias del presente año, debido a que estuvo 2,52 puntos por encima del cálculo técnico establecido por la suma entre inflación y productividad.
Estos expertos acotaron que la experiencia internacional también ofrece señales; dado que mientras México ha mostrado incrementos fuertes que han provocado mayor persistencia inflacionaria, países como Chile y Brasil han mantenido aumentos más alineados con la productividad, generando procesos de desinflación más consistentes y de esta forma, el mensaje de fondo sugiere que la estabilidad de precios no depende únicamente del Banco de la República, sino también de la coherencia de las decisiones relacionadas con ingresos laborales y expectativas salariales.
Por último, desde Anif también intervinieron para subrayar el riesgo fiscal; dado que la entidad recordó que cada punto porcentual adicional en el aumento real del salario mínimo genera un sobrecosto de 0,24 billones de pesos en el régimen de prima media, debido a la indexación de pensiones, por lo que, en un contexto de estrechez fiscal, un aumento desproporcionado no solo añadiría presiones al déficit, sino que podría afectar la formalidad laboral e intensificar el traslado a precios en bienes y servicios de consumo básico.
De esta manera, el ambiente previo a la mesa de concertación resume muchas de las tensiones que marcarán el cierre del año. Por un lado está la necesidad de proteger el ingreso de los hogares en un entorno donde la inflación se ha resistido a bajar de forma más marcada. Por el otro, aparecen señales firmes que advierten sobre los riesgos macroeconómicos y fiscales que puede generar un ajuste que exceda los fundamentos técnicos. La decisión deberá buscar un equilibrio responsable.