En los últimos meses, el sistema pensional colombiano, especialmente el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (Rais), ha enfrentado uno de los ajustes más fuertes de las últimas décadas.
Dos decisiones adoptadas por el Gobierno Nacional (el incremento excepcional del salario mínimo y la modificación del parámetro de deslizamiento para las rentas vitalicias) están generando impactos acumulativos sobre afiliados, pensionados, aseguradoras y las finanzas públicas.
Par lograr la jubilación, es necesario completar 1.300 semanas para los hombres y alrededor de 1.250 para las mujeres.
Estos serían losprionciplaes efectos, según un informe técnico elaborados por Asofondos.
¿Qué cambió?
El primer cambio fue el aumento del salario mínimo. En 2025 el salario mínimo legal vigente era de $1’423.500. Para 2026 se fijó en $1’750.905. Aunque el incremento nominal es significativo, lo más relevante es que, descontando una inflación observada del 5,1%, el aumento real es cercano a 18 puntos porcentuales, el mayor en medio siglo.
El segundo cambio proviene del Decreto 1485 de 2025, que modificó el parámetro de deslizamiento del salario mínimo, es decir, la fórmula que usan las aseguradoras para proyectar cuánto crecerán en el tiempo las mesadas de las rentas vitalicias.
Desde ahora, ese parámetro será el mayor valor entre el promedio real de productividad de los últimos diez años o el 35 % del promedio del IPC de la última década. En la práctica, esto eleva el costo actuarial de las pensiones mínimas y traslada parte del riesgo al sistema privado y a los afiliados.
¿Por qué es relevante?
Porque el costo de pensionarse aumentó de forma abrupta. En 2025, una renta vitalicia de salario mínimo costaba alrededor de $350 millones. Con los nuevos parámetros, en 2026 ese costo asciende a cerca de $550 millones. Es un aumento de 57 %, lo que implica que una persona necesita ahorrar aproximadamente $200 millones adicionales para acceder a la misma pensión mínima.
El sistema pensional en Colombia estaría próximo a ser reformado.
Además, el seguro previsional (que cubre invalidez y sobrevivencia) también se ve presionado. Este seguro se financia con parte de la cotización obligatoria y, por ley, junto con la comisión de la AFP no puede superar el 3 % del aporte.
Con las nuevas condiciones, el costo ponderado del seguro ya alcanza 2,63 %, muy cerca del límite legal. Si la tendencia continúa, podría superar el tope y dejar al sistema en un vacío normativo.
La situación es más delicada si se tiene en cuenta que el mercado de aseguradoras se ha reducido de nueve compañías a solo tres. Más de 19 millones de afiliados dependen de esa cobertura.
¿Qué personas pueden retirarse tras 20 años de servicios?
Los impactos no son teóricos. Se estima que más de 115.000 personas se verían afectadas en el corto y mediano plazo.
Un primer grupo lo conforman 12.400 afiliados que deberán posponer su pensión porque, aunque antes podían acceder a una renta vitalicia, ahora no alcanzan el capital exigido.
De ellos, 1.300 ya tienen la edad de jubilación. En promedio deberán cotizar 4,6 años adicionales, aunque en casos extremos el aplazamiento podría ser de hasta 20 años.
Par lograr la jubilación, es necesario completar 1.300 semanas para los hombres y alrededor de 1.250 para las mujeres.
Un segundo grupo corresponde a quienes antes podían autofinanciar una pensión mínima, pero ahora no alcanzan el capital requerido y deberán acudir al Fondo de Garantía de Pensión Mínima (FGPM), siempre que cumplan las semanas exigidas.
En 2026 se estima que 3.600 personas entrarían a este grupo, y en los próximos 15 años serían 32.500 adicionales. El costo fiscal acumulado se calcula en 4,8 billones de pesos a precios de 2026.
Un tercer grupo está compuesto por 72.600 pensionados bajo la modalidad de retiro programado sin garantía de pensión mínima. El aumento del costo de la renta vitalicia obliga a recalcular reservas y mesadas. En algunos casos las reducciones pueden llegar hasta 50 %.
¿Cómo saber cuántas semanas cotizadas tiene?
Un ejemplo citado es el de un hombre que recibía cerca de $3,4 millones mensuales en 2025 y que, tras los decretos, podría ver su mesada reducida a alrededor de $1,98 millones, es decir, 42 % menos.
Existe además un cuarto grupo particularmente vulnerable: cerca de 20.000 pensionados en retiro programado (14.000 hombres y 6.000 mujeres) que, al acercarse al salario mínimo, deberían migrar a una renta vitalicia, pero que ahora no cumplen los nuevos umbrales y quedan en un limbo jurídico y financiero.
¿Qué implica para el sistema?
En conjunto, las medidas no solo encarecen el acceso a la pensión mínima, sino que aumentan la incertidumbre, exigen más años de cotización y trasladan costos desde el Estado hacia afiliados, pensionados y administradoras.
El sistema enfrenta mayores exigencias de capital, presiones sobre el seguro previsional y un incremento en el pasivo fiscal futuro a través del FGPM. Se trata de uno de los choques más relevantes que ha vivido el régimen privado en las últimas décadas.
El debate ahora gira en torno a la sostenibilidad del modelo, la responsabilidad del Estado frente a los efectos de las decisiones salariales y la necesidad de ajustes regulatorios que eviten que el incremento del salario mínimo termine erosionando el ahorro pensional de millones de trabajadores.
